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El abogado Víctor Valladares, que ha denunciado al presidente Pedro Sánchez por permitir las multitudinarias manifestaciones feministas del 8M en plena epidemia de coronavirus, afirma que ya se han puesto en contacto con él numerosos afectados que desean adheririse a su denuncia.

No obstante, Valladares advierte que probablemente pasarán varias semanas antes de que el Tribunal Supremo admita a trámite su escrito, dado que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha suspendido la tramitación de buena parte de los procedimientos debido a la emergencia sanitaria.

Víctor Valladares presentó su denuncia a título particular el pasado 19 de marzo ante el Juzgado de Guardia de la Plaza Castilla de Madrid, si bien debe ser asumida por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, dado que el presidente del Gobierno tiene la condición de aforado.

En su escrito, acusa de prevaricación a los delegados del Gobierno de las 17 Comunidades autónomas por autorizar las marchas feministas del 18M, y de prevaricación administrativa por omisión (de acuerdo con la jurisprudencia del Supremo) al presidente Pedro Sánchez por no haber prohibido expresamente estos actos masivos, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya había advertido reiteradamente del peligro de esta epidemia.

Fernando Simón ocultó los riesgos

El artículo 404 del Código Penal establece una pena de 9 a 15 años de inhabilitación para los funcionarios y cargos públicos que hayan incurrido en un delito de prevaricación.

Tan sólo seis días antes del 8M, el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades había enviado a todos los Estados miembros de la UE un informe en el que pedía a los Gobiernos que suspendieran todas las «concentraciones masivas» y «actos multitudinarios» para frenar los contagios.

El presidente Pedro Sánchez decidió hacer caso omiso de estos avisos y su principal experto en la materia, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias, Fernando Simón, llegó a afirmar en rueda de prensa que no existía ningún riesgo en asistir a estas manifestaciones.

Aunque Víctor Valladares acusa en su denuncia a Pedro Sánchez de prevaricación, si el Supremo finalmente la admite a trámite puede apreciar la existencia de otros presuntos delitos (por ejemplo, contra la salud pública). De hecho, en su escrito el letrado deja abierta la posibilidad de imputar también a otros cargos públicos, como el ministro de Sanidad, Salvador Illa, o los subdelegados del Gobierno.

El abogado de ‘Excálibur’

Mientas sigue creciendo la cifra de muertos, que este domingo superaban los 1.700, Valladares prevé que en las próximas semanas se presenten numerosas denuncias individuales contra Sánchez y los responsables de la gestión de la epidemia, que se acumularían a la suya.

Como abogado de la Asociación Contra el Maltrato (ACM), Valladares logró en noviembre de 2014 que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) abriera diligencias contra el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Rodríguez, por sacrificar al perro de la enfermera Teresa Romero, Excálibur, que se había infectado de ébola.

Sin embargo, aquella querella por prevaricación quedó pronto archivada. Varios movimientos de izquierdas organizaron manifestaciones en las que exigieron la dimisión del presidente Mariano Rajoy por sacrificar al perro Excálibur.

El propio Pedro Sánchez calificó de «desvergüenza, desamparo, desgobierno y descoordinación» la gestión de la crisis del ébola por parte de Rajoy. Ahora Sánchez pide «unidad» a todos los partidos para acallar las críticas por gestión de la epidemia del coronavirus que ya se ha cobrado más de 1.700 vidas.

Como abogado, Valladares también interpuso acciones judiciales contra el guitarrista del grupo Police, Henry Padovani, por difundir fotos íntimas de una mujer española con la que había mantenido una relación sentimental, y contra la baronesa Tita Cervera por presunto acoso laboral a uno de sus escoltas.

Fuente..: okdiario.com



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