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Sólo ocho localidades superan los 20.000 habitantes y tienen independencia administrativa de la institución provincial, que mueve cada año un presupuesto que alcanza los 284 millones
La provincia de Córdoba cuenta con 75 municipios y a excepción de ocho (Córdoba capital, Lucena, Puente Genil, Montilla, Priego de Córdoba, Palma del Río, Cabra y Baena) el resto cuenta con menos de 20.000 habitantes. Un campo de acción en el que el papel de la Diputación es fundamental. Más aún si a eso se le suma la amplia extensión y la orografía que tiene la demarcación. Esa serie de condicionantes ponen de relieve la trascendencia de la labor que lleva a cabo la institución provincial. La propuesta lanzada por Ciudadanos (C's) al socialista Pedro Sánchez -dentro del paquete de medidas para apoyar la investidura a la Presidencia del Gobierno- choca frontalmente con la supervivencia de las cuarenta y una diputaciones españolas, la de Córdoba incluida.
Un debate que siempre ha estado encima de la mesa, especialmente desde que la crisis económica azotó con más fuerza. Ahora, el planteamiento realizado por la formación naranja al PSOE ha vuelto a abrir la puerta a este tema. Y lo que es peor, ha sembrado las dudas sobre qué pasaría en caso de desaparecer la Diputación. ¿Qué ocurriría con los servicios que en la actualidad presta? ¿Qué sería de las 1.200 personas que trabajan para la institución? ¿Quién asumiría la titularidad del amplio patrimonio inmueble que posee la administración provincial? Son cuestiones que inevitablemente surgen antes de que esta cuestión se haya abordado desde un profundo análisis.
Fuentes de Ciudadanos detallan que el plan B consiste en hacer un consejo provincial de alcaldes frente a un problema que es el de la redundancia de competencias y un gasto excesivo.
El portavoz y único representante de Ciudadanos en la Diputación de Córdoba, David Dorado, explica que la medida pretende "acabar con gastos superfluos y duplicados para destinarlos a servicios básicos y universales como sanidad, educación y políticas sociales, que es lo que realmente necesitan los ciudadanos en este momento". "Desde Ciudadanos -expone- queremos acabar con los cargos políticos y con el personal de confianza que hay en una Diputación, en definitiva, quitarle grasa a la administración". "Eso no significa -aclara Dorado- que queramos dejar sin trabajo a los funcionarios, ya que estos se recolocarían porque tienen plaza pública".
El único diputado de Ciudadanos -por la demarcación de Córdoba capital- insiste en que "se trata de prescindir fundamentalmente del aparato político y del personal de confianza". Con la eliminación de estos organismos, Ciudadanos defiende "tres niveles administrativos: el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos-entidades locales". "Más supone más grasa inútil para la administración", razona Dorado.
Expertos en la materia aseguran que eliminar la Diputación en Córdoba "no tendría sentido". Y es que no es lo mismo el papel que pueda tener ésta en provincias con menor número de localidades y con una población más concentrada, que en Córdoba, donde hay núcleos que tienen "menos habitantes que algunas comunidades de propietarios de la capital".
Al hablar de relevancia contable, no hay que olvidar que este año la Diputación gestiona en la provincia un presupuesto consolidado -incluidos organismos autónomos y sociedades mercantiles- que asciende a 284 millones de euros y unas inversiones reales de más de 32,2 millones de euros, lo que supone un aumento del 12,19% respecto a 2015.
Entre otras muchas partidas, la institución provincial consigna 2,9 millones de euros, un 10% más, al Consorcio Provincial de Desarrollo Económico; 2,5 millones cofinanciados de proyectos europeos; 704.000 euros para programas de promoción turística, o 200.000 euros para un plan de asistencia económica a las mancomunidades, por no hablar de los más de ocho millones del plan de fomento a los municipios o el millón de euros para la eliminación de barreras arquitectónicas.
Y luego, claro está, se encuentran las dos empresa públicas de mayor enjundia: Epremasa y Emproacsa, que se encargan, respectivamente, de la gestión de los residuos y del agua corriente. La cartera de servicios es, desde luego, innumerable, desde el Instituto Provincial de Bienestar Social al Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios.
Fuente: eldiariocordoba.es